Tres días de luto nacional. 35 menores calcinadas y varias decenas heridas. Las responsabilidades no están claras. Se amotinaron. Tenían objetos cortopunzantes. Fueron encerradas como castigo por protestar. Se presume que sufrían vejaciones físicas y abuso sexual. El fuego empezó y nadie acudió en su ayuda. Había 748 niñas en un espacio apto para 400. No está confirmado aún de dónde surgió el incendio, pero puede haber sido causado por una de las menores, que intentaba liberarse. Los detalles van surgiendo y se esperan los resultados de la investigación.

Estaba avisado

El «hogar” en cuestión venía llamando la atención desde hace algunos años. En un caso anterior, «unas niñas en estado psicológicamente crítico, fueron encerradas. El encierro agudizó la crisis y, finalmente, una de ellas fue asesinada por las otras con una bufanda. Son niñas abandonadas que necesitan ser protegidas, pero son castigadas, abusadas, maltratadas. En la tragedia de ayer es el mismo patrón: castigo con puertas cerradas en situación crítica”, explica a DW desde Ciudad de Guatemala Michael Mörth, jurista asesor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El pesar es grande, y hay luto nacional, pero las diferentes instituciones involucradas, desde el director del centro, así como la Secretaría de Bienestar Social y hasta las propia Presidencia de la República se responsabilizan unos a otros. «Y nadie quiere asumir el error”, sigue Mörth.

Pudo haber sido en otro hogar

«Lo sucedido ayer en San José Pinula  pudo haber sucedido en Huehuetenango. En una casa de espacio reducido hay 87 adolescentes recluidos, con un solo baño”, dice, por su parte, a DW monseñor Álvaro Ramazzini, arzobispo de Huehuetenango, en Guatemala, de gira por Europa para exponer la grave situación de los derechos humanos en su país.

«La pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal viene denunciándolo: para rehabilitar hay que reestructurar el sistema, comenzando por la infraestructura, para acabar con el hacinamiento en los centros de detención”, sigue el prelado.

«Este hogar fue inaugurado con un nuevo concepto de protección al menor en el mandato 2004-2008. Fue terminado en el mandato 2008-2012. Fue militarizado y hacinado en el 2012-2015”, puntualiza Michael Mörth. Cabe resaltar que, según un informe de UNICEF (2015), de los más de 16 millones de habitantes de Guatemala, cerca de la mitad son niños y adolescentes, menores de 18 años. De ellos, el 68,2 por ciento habitaban en hogares pobres.

En el caso del hogar de San José Pinula se trata de un albergue que acoge a menores víctimas de violencia física, psicológica y sexual; menores con discapacidades, niños abandonados, víctimas de drogadicción, de adopciones irregulares, de trata y explotación sexual. Todos problemas que no son infrecuentes en el país centroamericano, según consta en informes de UNICEF y la CICIG.

¿Todo un sistema que falla?

«El tema de los adolescentes que están en los centros de corrección tiene que ver con el sistema de administración de justicia y con todo el sistema penitenciario”, expone monseñor Ramazzini. «Se supone que estos niños y adolescentes comenten delitos penados por la ley, pero tengo mis grandes dudas sobre los procesos de rehabilitación que se puedan hacer en esos centros”, agrega.

La falta de personal capacitado, la ausencia de supervisión y monitoreo transparente se agregaría a la falta de asignación de recursos para ese rubro. Y para el de la educación. La inversión directa del Estado, según UNICEF, para cubrir todos los derechos de un niño y un adolescente se estima en menos de un dólar al día, cuando debería ser de tres veces más.

En un país que cuenta con un 59,3% de su población por debajo del umbral de la pobreza, ¿será que no hay recursos para dedicar a esos rubros? Ramazzini respondió a DW: «Los obispos tuvimos en enero un encuentro con el Presidente en la Nunciatura. Nos dijo que habían encontrado el erario nacional vacío. Que por eso todo el primer año no se pudieron ejecutar los presupuestos de los ministerios. El tema tiene que ver, entonces, con evasión de impuestos, con corrupción, con mala administración. Creo, sin embargo, que los recursos se pueden conseguir priorizando las necesidades. Y la atención a niños y adolescentes es prioritaria”.

En cualquier caso, las menores calcinadas de San José Pinula levantan la indignación internacional. Al duelo nacional seguirá, por lo menos al parecer, la búsqueda de culpables. «Es el patrón de siempre: un Estado que sólo es capaz de echar discursos. Pero que no tiene ni rumbo ni visión. Y que, hoy por hoy, sigue secuestrado por las mafias y la corrupción”, concluye Mörth.