Transcurridos los primeros 30 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, sentimos amenazada nuestra paz social, en serio riesgo la vida del pueblo trabajador y en especial de los pobres. Observamos una actitud de revancha de clase, superioridad intelectual, cinismo y discriminación en las intervenciones públicas de muchos funcionarios, incluyendo al Presidente, en referencia a los militantes, el gobierno anterior, la clase trabajadora, el costo de la vida y los despedidos.
Percibimos un notable desprecio por las instituciones, con procedimientos en algunos casos ilegales y en muchos casos antidemocráticos, con una fuerte indiferencia por el acuerdo y el consenso que representa el debate parlamentario, llevándose por delante, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, construida federalmente y aprobada por ambas cámaras del Congreso y ratificada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible que una ley aprobada con tanto consenso sea eliminada por un caprichoso DNU?
Se ha instalado con prepotencia un gobierno de facto donde las fuerzas de seguridad evitan que se cumpla la ley y se intenta imponer por decreto -con manifiesta parcialidad, a dos Jueces de la Corte Suprema, justamente encargados de administrar justicia imparcial. Se camina por una delgada línea, a un paso de la inmoralidad, designando en muchos ministerios empresarios que hasta ayer trabajaban en las empresas que hoy deben controlar. Atender “los dos lados del mostrador” puede llevar a un conflicto de intereses, a un abuso de la posición dominante altamente peligrosos.
La economía ha priorizado los intereses de los sectores productivos más ricos que tienen fortunas en dólares, las recetas ortodoxas de los organismos financieros y el absolutismo de mercado por encima del pleno empleo, la valorización del salario y la contención social. Se recurre a la consabida y fracasada receta del ajuste. Se alienta la especulación financiera y los capitales golondrina perjudicando así la producción, y obviamente el trabajo, nacional, la pequeña y mediana empresa.
Hablar de pobreza 0 y la promesa de “mantener lo que se hizo bien”, es una mentira. Se recurre al endeudamiento externo que sólo beneficia a los prestamistas y se pagará con el trabajo de los pobres. Se pretende arreglar con los Fondos Buitres cuando la ONU apoyó con el voto de 136 países que Argentina no cediera a las presiones de esos miserables para no comprometer los intereses del país. Se sacrifica la integración latinoamericana, vital para la soberanía de nuestros pueblos, y se reinstala una relación dependiente con EEUU, eterno verdugo de nuestros sueños.
Se ajusta por el salario, hay despidos masivos y compulsivos, sin revelar los criterios de selección y sin decir cómo se crearán nuevos puestos de trabajo. Se extorsiona con el miedo a perder el empleo para desalentar las negociaciones paritarias. Se camina por la cornisa de la persecución ideológica hurgando en las redes sociales de los trabajadores, avasallando la privacidad y estigmatizando a los despedidos.
Se habla desde un pretendido limbo político donde lo ideal es “no tener ideología” algo que lisa y llanamente es una mentira para absolutizar la propia ideología y eliminar cualquier otra. Se ha implantado una suerte de totalitarismo informativo donde detrás de la máscara de la pluralidad se han callado las voces opositoras y los medios -recordando una frase del Beato Óscar Romero- “están vendidos y no dicen la verdad”. DDHH como el derecho a la información, el derecho al salario digno son ignorados. Vivimos un estado policial rodeados de mentiras, amenazas y extorsiones. Esto no es una verdadera democracia por más que los gobernantes sean legítimos.
Hablamos en defensa de los pobres y desde el Pueblo de Dios, y nos duele una vez más el silencio cómplice de los Obispos que parecen desconectados del sufrimiento de los trabajadores y no perciben que la calidad democrática está en peligro.
Grupo de Curas en Opción por los Pobres
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